12 MAYO 2009
INVERSIÓN EN PROGRAMAS SOCIALES SUPERA LOS $500 MILLONES EN LA PROVINCIA DE SAN FELIPE
Difundir los avances del Sistema de Protección Social en la Provincia de San Felipe fue el propósito de la jornada que sostuvo el Seremi de Planificación de la Región de Valparaíso Enrique Astudillo con concejales de Catemu, San Felipe, Santa María, Llay Llay y Putaendo.
Reunidos en dependencias de la Gobernación Provincial, los ediles, abordaron junto a la autoridad regional, los alcances de la Ficha de Protección Social que en la provincia contabiliza a 33 mil familias encuestadas, 81% de ellas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, fueron abordadas las distintas iniciativas que son parte de las redes de protección social Chile Solidario: Programa Habitabilidad con 256 familias beneficiarias, programa Vínculos, Programa Autoconsumo con 55 familias y Programa de Apoyo para Personas en Situación de Calle, que junto con el quehacer del sistema de protección a la primera infancia Chile Crece Contigo, se han traducido en una inversión desde Mideplan para la provincia superior a los $500 millones.
El seremi Astudillo destacó el rol de los gobiernos y redes municipales en el éxito del sistema de protección social y el compromiso necesario para llevarlo adelante.
“Es clave la relevancia que le den las comunas para que esto funcione bien porque nuestra demanda está en las comunas. Si tenemos una red comunal funcionando comprometida, podremos tener un funcionamiento mejor”, sostuvo.
Acompañado por la coordinadora regional de la Unidad Social de la Seremi de Planificación, Marcela Gálvez, y por el coordinador de protección social de la Provincia, Chris Walker, el titular regional de Planificación destacó ante los ediles los avances que incorporará la Ley del Sistema Intersectorial de Protección Social, iniciativa que hoy se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
Conformada por el sistema Chile Solidario y por el Chile Crece Contigo, la aprobación de esta propuesta institucionaliza este último sistema, de protección a la infancia, y posibilita, entre otras cosas, la implementación de un Registro Nacional de Encuestadores que será coordinado por Mideplan y cuya certificación será la única que posibilite a una persona trabajar como encuestador social.
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